AMPLIA COALICION APOYA INDOCUMENTADOS EN CALIFORNIA

En California, líderes empresariales, magisteriales, policiales y religiosos el martes urgieron a la Suprema Corte de Justicia que apoye el plan del presidente Obama de ofrecer asistencia y permisos de trabajo a 5 millones de indocumentados.
Reiteraron información antes revelada sobre las contribuciones de los migrantes a nivel económico, cultural y social. Se estima que una cuarta parte de los indocumentados en el país reside en California.

Photo:Saul Loeb/AFP/Getty Images)

En un documento ofrecido a la corte mostraron que si bien los indocumentados representan solo el 7 por ciento de la población del país, también es cierto que conforman el 34 por ciento de los jornaleros del campo, 22 por ciento en producción, y el 21 por ciento de obreros de la construcción.
También señalaron que hoy día, la fuerza laboral del indocumentado contribuye a California con $130,000 millones de dólares, una cantidad superior al producto interno bruto de otros 19 estados
Dejaron claro que los migrantes han convertido a la ciudad de Los Ángeles en el centro manufacturero más grande de la Unían Americana, muy por encima de Chicago, Detroit o Filadelfia.
Por su parte, Jot Condie, Oficial Ejecutivo de la Asociación de Restaurantes de California, subrayo que se trata de gente trabajadora que son vecinos y que van a sus mismas iglesias y escuelas.
La Acción Diferida para Padres de Americanos, DAPA podría beneficiar a más de un millón de personas que tienen hijos nacidos en los EEUU.
De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, la implementación de este programa podría generar 130,000 nuevos empleos solo en California, incrementar los salarios de migrantes indocumentados en más de $5.500 millones de dólares al año, y apoyar programa públicos con $3,800 millones de dólares anualmente en nuevos negocios y en el sistema fiscal.
El caso de la acción diferida ahora ante la Suprema Corte de Justicia, (United States vs Texas) será discutido el próximo 18 de abril.
Este fue iniciado por un grupo de gobernadores que alegaban que el presidente Obama no tenía la autoridad para bloquear la deportacion de un gran número de migrantes. Un juez en Brownsville, Texas coincidió con los demandantes y mas tarde la Corte de Apelaciones del 5to Distrito reitero el fallo previo.
La defensa del presidente Obama alega que los gobernadores no tienen derecho a demandar al ejecutivo nacional, que las leyes de migración son territorio del gobierno federal, y que estas le dan al primer mandatario amplio margen para operar sobre las deportaciones.
Algunos especulan que el caso frente al Suprema Corte también es un examen del actual poder presidencial.

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