Murió Jorge Rafael Videla y escapó así de su infierno. Del infierno de saberse preso, condenado y repudiado. El dictador, principal brazo ejecutor del terrorismo de Estado en todo el país entre 1976 y 1983, murió a los 87 años en la cárcel de Marcos Paz de muerte natural, a diferencia –como se ha dicho hasta el cansancio, pero no por eso deja de ser cierto– de las miles de víctimas, en su mayoría jóvenes, que ordenó secuestrar, torturar, asesinar y tirar al mar para ocultar sus cuerpos.

La muerte

Estaba preso en el pabellón 6 del módulo IV de Marcos Paz. El jueves lo revisó un médico y lo encontró bien, teniendo en cuenta las dolencias que tenía, propias de una persona mayor. Hipercolesterolemia, hipertensión, arritmia y cáncer de próstata eran algunas de las cuestiones por las que era atendido regularmente en la cárcel. A las 6.40 de la mañana de ayer los agentes encargados realizaron una recorrida por el lugar y reportaron que no había novedades. A las ocho, en el recuento general, el celador miró por la ventana de la celda y vio a Videla en el inodoro. Quince minutos después, el hombre volvió a pasar y como el represor no respondía al llamado solicitó la presencia de un médico. Cuando llegó, el profesional verificó que no tenía signos vitales e hizo un electrocardiograma que confirmó la muerte. Por la tarde se practicó la autopsia que ordenó el juez federal de Morón Juan Pablo Salas, a quien la familia sondeó para saber si el genocida podía ser cremado, cosa que no fue autorizada al menos hasta que estén los resultados de los estudios toxicológicos, lo que ocurrirá en tres semanas. El juez devolvió a la familia la ropa y los efectos personales del dictador, pero preservó la documentación.

Vida y obra

Videla nació en Mercedes el 2 de agosto de 1925 y fue bautizado con el nombre de sus hermanos mellizos muertos Jorge y Rafael. Hijo de un militar conservador, en 1943 entró en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó con el sexto lugar de su promoción, de la que también formaron parte los represores Roberto Viola y Carlos Guillermo Suárez Mason. En 1948 se casó con Alicia Raquel Hartridge, con quien tuvo siete hijos. El tercero, Alejandro, sufría de oligofrenia y epilepsia y fue internado en la Colonia Montes de Oca, donde murió antes del golpe de Estado. El 27 de agosto de 1975 fue designado comandante en jefe del Ejército.

El 24 de marzo de 1976 a la una de la mañana la asonada encabezada por Videla por el Ejército, Emilio Eduardo Massera por la Armada y Orlando Agosti por la Fuerza Aérea derrocó a la debilitada presidenta María Estela Martínez de Perón. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder y pusieron en práctica un plan para asesinar a militantes políticos, gremialistas, estudiantes y todo aquel que fuera necesario para impartir el terror en la población e imponer el modelo económico que reclamaba el establishment y que diseñó José Alfredo Martínez de Hoz. Para eso, con la Doctrina de Seguridad Nacional norteamericana y la Escuela Francesa de la guerra de Argelia como sostén y el apoyo espiritual de la Iglesia, se montaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y se decidió ocultar los cuerpos de las víctimas.

“La existencia de los campos de concentración-exterminio se debe comprender como una acción institucional, no como una aberración producto de un puñado de mentes enfermas o de hombres monstruosos; no se trató de excesos ni de actos individuales sino de una política represiva perfectamente estructurada y nombrada por el Estado mismo”, explica Pilar Calveiro, en Poder y Desaparición. “Los campos concebidos como depósitos de cuerpos dóciles que esperan la muerte fueron posibles por la diseminación del terror (…) Un terror que se ejercía sobre toda la sociedad, un terror que se había adueñado de los hombres desde antes de su captura y que se había inscrito en sus cuerpos por medio de la tortura y el arrasamiento de su individualidad”, dice Calveiro.

Anticomunista, antiperonista, Videla trabajó su imagen de “profesional, austero y buen católico” en oposición a su colega de la Marina, Emilio Eduardo Massera, que era el político y farandulero. Pero la imagen más recordada del dictador es, tal vez, la de la conferencia de prensa que dio en 1979 en la que, gesticulando con sus manos levantadas explicaba: “Frente al desaparecido en tanto está como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera tendría una tratamiento x, si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento tiene un tratamiento z, pero mientras sea desaparecido no puede tener un tratamiento especial: es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso no podemos hacer nada”. El año pasado, él mismo reconoció ante la Justicia que “la figura del desaparecido era una figura ‘cómoda’, entre comillas, porque no impactaba en la sociedad (…) Se puede discutir el procedimiento aplicado en ese momento a personas desaparecidas, que no era el impacto de un fusilamiento público porque la sociedad no lo iba a tolerar”.

Tribunales

En 1985, en el Juicio a las Juntas, Videla fue condenado a prisión perpetua por 66 homicidios doblemente calificados, cuatro torturas seguidas de muerte, 93 tormentos, 306 privaciones ilegales de la libertad y 26 robos. Estuvo preso hasta 1990, cuando a través de dos decretos, el entonces presidente Carlos Menem lo indultó. Le “perdonó” la condena y lo liberó de otras causas que aún estaban en trámite. Vivió tranquilo como un buen vecino del barrio de Belgrano que iba a misa todos los domingos hasta que la confesión del ex marino Adolfo Scilingo hizo insoportable seguir escondiendo la basura bajo la alfombra. Comenzaron así los juicios en el exterior y finalmente se reactivaron algunos en la Argentina.

El 9 de junio de 1998 Videla volvió a prisión, acusado de ser responsable de apropiación de niños, hijos de desaparecidos. Esa mañana, el juez federal Roberto Marquevich había interrogado al médico militar Julio César Cassero-tto, quien se había desempeñado desde principio de 1977 como jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital militar de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad clandestina de la dictadura. Casserotto explicó que el hospital dependía en última instancia del comandante en jefe del Ejército.

A las seis de la tarde el jefe de la Delegación San Isidro de la Policía Federal tocó el timbre del 5º A de Cabildo 639. El dictador abrió la puerta y el comisario le informó que el juez había ordenado su detención. Cuando el policía se enteró de que tenía que ir a cumplir con esa medida, había extendido sus brazos y preguntado: “¿Esto hay que hacerlo?”.

Videla estuvo 38 días en la Cárcel de Caseros, después se fue a su casa con el beneficio del arresto domiciliario hasta 2008, cuando fue llevado a Campo de Mayo. Murió en el penal de Marcos Paz, donde iba a la misa que oficiaba el cura condenado Christian Von Wernich.

Después de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida y los indultos se abrieron en todo el país decenas de procesos contra el dictador. El 22 de diciembre de 2010 fue condenado a perpetua por los crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, entre ellos, el asesinato de 31 presos políticos. En julio del año pasado recibió 50 años por su responsabilidad en la sustracción, retención y ocultamiento de menores, hijos de desaparecidos, aquellos delitos por los que había vuelto a prisión catorce años antes. Sin embargo, la única condena confirmada por la Corte Suprema es la de 1985. Su última aparición pública fue esta misma semana, al negarse a declarar en el juicio en el que se investigan los delitos del Plan Cóndor, la acción de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur.

La historia

En el prólogo de El Dictador, María Seoane y Vicente Muleiro señalan que Videla aceptó entrevistas porque el silencio que se había impuesto era “insoportable para su profundo y escondido deseo de seguir modelando la historia”. Seguramente por las mismas razones habló con Ceferino Reato para Disposición Final –que se convirtió en su testamento político– y quiso ser reporteado por la revista española Cambio 16, donde hizo la mejor propaganda para el Gobierno, al asegurar que su peor momento llegó “con los Kirchner” y hasta llamó a tomar las armas para derrocar a Cristina Kirchner, o como él dijo, “en defensa de las instituciones básicas de la República”.

Videla no será enterrado con honores porque fue destituido del Ejército y porque en 2009 la ministra Nilda Garré dispuso que los militares involucrados en delitos de lesa humanidad fueran excluidos de los discursos oficiales y fanfarrias. Pero su muerte tampoco fue festejada. Es que, como dijo ayer el nieto recuperado Manuel Gonçalves, “lo importante no es su muerte, sino lo que hizo con su vida”. Y la vida de Videla remite a muchas otras muertes. “Se fue un ser despreciable. Nunca se arrepintió”, aseguró Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. No había tristeza por Videla, pero sí por la información que se murió con él: los datos sobre el destino de los desaparecidos y los niños, hoy jóvenes treinteañeros, que fueron apropiados y no conocen su identidad.

No hubo grandes emociones ante su muerte, sí una ola de repudio por lo que hizo en vida. El rechazo unánime a su figura contrasta con los buenos augurios que recibió cuando aceptó prestar sus servicios para “salvar a la Patria”. Es el reflejo de la gran tarea realizada por Madres, Abuelas y otros organismos de derechos humanos en estos 37 años. Y supone la esperanza de un Nunca Más ante la posible existencia de otros que se acerquen a los valores que él encarnó.

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Tres condenas y muchas más pendientes

La Cámara Federal lo sentenció a perpetua, pero Menem lo indultó en 1990. Como el robo de bebés quedó fuera de las leyes de obediencia debida y de punto final, pudieron volver a detenerlo. Ahora lo juzgaban por el Plan Cóndor.

 Por Alejandra Dandan

Jorge Rafael Videla en el Juicio a las Juntas de 1985 y en el juicio por fusilamientos en Córdoba, en 2010.
Imagen: DYN & Pablo Piovano.

 

El dictador Jorge Rafael Videla murió con tres condenas, de las cuales sólo una está firme. En 1985, la Cámara Federal porteña lo condenó a perpetua durante el Juicio a las Juntas de Comandantes. Carlos Menem lo indultó en 1990. En 1998, quedó detenido por el robo de bebés, la única figura legal que quedó fuera del cerco de impunidad que abrieron las leyes de obediencia debida y de punto final. Con la reapertura de los juicios, en 2010 recibió la segunda condena a perpetua, por el fusilamiento de 31 presos de la Unidad Penal 1 de Córdoba y el año pasado fue condenado a 50 años de prisión por 20 robos de niños por el plan sistemático de robo de bebés. Videla era juzgado por estos días por su rol en la coordinación del Plan Cóndor: tras su muerte, 44 de esas víctimas quedan sin juicio. Uno de los datos que dan cuenta de la dimensión del dictador en la arquitectura de la oscuridad represiva surge al mismo tiempo del mapa de juicios de lesa humanidad que avanzan lentamente en todo el país: murió a las puertas de otros seis juicios orales, entre ellos una megacausa de más de 550 víctimas en el área del I Cuerpo del Ejército, en la que era el único imputado. Por otra parte, su nombre se repite entre los procesados de una veintena de causas que se extienden desde Comodoro Rivadavia hasta Bahía Blanca, Mendoza, Rosario, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán y La Rioja.

En la causa 13/84, que probó la existencia del plan criminal, Videla fue condenado a reclusión perpetua por “66 homicidios doblemente calificados por alevosía e intervención de tres o más personas, cuatro tormentos seguidos de muerte, 93 tormentos, 306 privaciones ilegales de libertad calificadas por violencia y amenazas y 26 robos”. Esos datos leídos hoy parecen “escandalosamente pocos”, como recordó anoche una de las testigos. El contexto era otro. Videla fue absuelto por ejemplo en cinco de los seis casos de robo de niños del juicio, porque las víctimas no habían aparecido y los jueces no dieron por probados los hechos. La Justicia esperó hasta 2012 para replantearlo.

La siguiente condena la recibió el 22 de agosto de 2010. El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba lo condenó a perpetua por el fusilamiento de 31 presos de la Unidad Penal y ordenó la detención en cárcel común. Los jueces condenaron además a Luciano Benjamín Menéndez y a otros 28 represores. Durante el juicio, Videla habló en cuatro oportunidades. En la última se situó en el lugar de los perseguidos políticos, la lógica de la “guerra” que volvió a plantear en cada una de sus intervenciones en los juicios. “Los enemigos de ayer están hoy en el poder y desde él intentan establecer un régimen marxista, a la manera de Gramsci, que puede estar satisfecho de sus alumnos”, dijo entonces.

En julio de 2012, el Tribunal Oral Federal 6 porteño lo condenó a 50 años de prisión por 20 apropiaciones de menores. La sentencia planteó por primera vez el robo de niños como “una práctica sistemática y generalizada”. Al contrario de lo que había dicho la Cámara en 1985, los jueces “sí pudimos probar que la sistematización estaba: estaba la práctica de secuestro, tortura, cautiverio, desaparición de la madre y desaparición del niño”, explicó la presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta. Para entonces, la reforma del Código Procesal permitió a Abuelas de Plaza de Mayo impulsar el pedido a 50 años de prisión por diez menores que continuaron desaparecidos después de ese año. Videla además fue condenado por los casos de niños aún no aparecidos, lo que marcó otra diferencia con el ’85. El tribunal dijo que “esos niños nacieron, que los vieron, que los escucharon, que estuvieron con la madre, que se los sacaron enseguida, o sea el niño nació vivo y el niño está. Punto”, explicó en ese contexto la jueza. Videla pronunció ahí también unas últimas palabras, e integró a los niños a lógica de la “guerra”: “Muchas parturientas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de ser combatientes”, tronó.

En la actualidad, el dictador era juzgado por el plan de coordinación represiva de los países del Cono Sur. En un comunicado, el CELS explicó uno de los efectos de su muerte: “De los 106 casos que comprenden esta causa, 44 no podrán ser juzgados por ser Videla el único imputado”. Entre esos casos, están los de Brasil y unas diez víctimas de Bolivia y de Perú.

Entre las causas ya elevadas a juicio está la llamada “causa Videla”: reúne a más de 550 víctimas del I Cuerpo del Ejército. El juicio estaba en manos del Tribunal Oral Federal 3, y la fiscalía de Martín Niklison. Las víctimas ya habían sido motivo de otras causas, como jefes de Aérea y el centro clandestino de El Vesubio, pero Videla no había sido juzgado. Un problema que generó el atraso de la Justicia se ve en este expediente por partida doble. Una gran parte de las víctimas eran a la vez “casos” imputados al jefe del Batallón 601, el general Carlos Martínez, detenido y procesado recién el año pasado por 1200 hechos. Martínez murió el 7 de abril, era el arquitecto del exterminio, el hombre que tenía en sus manos los datos que surgían de la Inteligencia del país.

Otro juicio pendiente es el del Operativo Independencia, en Tucumán. Videla allí estaba procesado y el juicio aún no tenía elevación a oral. Una característica es que la imputación a Videla arranca antes de la fecha del golpe y marca de esa manera una continuidad en la política represiva entre ambos momentos. También está la causa por el asesinato del obispo Enrique Angelelli. Videla está procesado y la causa fue elevada a juicio oral el 6 de diciembre de 2012.

Fuente: http://www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/05/12/crimen-organizado-utilizaba-empresa-de-grupo-hank/

 

Informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación, alertan de la presunta complicidad de transportistas afiliados a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) con bandas delincuenciales dedicadas al robo de combustibles que, de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el gobierno de Felipe Calderón significó pérdidas de hasta 60 mil millones de pesos para las finanzas públicas.

El amplio documento de ese órgano gubernamental de seguridad nacional señala a Sergio Padilla Corona, director general de Grupo Transportes, que aglutina a seis empresas transportistas (TUSA, AFSA, TCSA, TOSA, TPSA y TSSA) propiedad del empresario Carlos Hank Rhon, de mantener vínculos con Fabián Rodríguez Moreno, jefe de una banda de robo de combustibles que opera en el Noreste del país (Tamaulipas y Nuevo León) y lucra con los petrolíferos robados a Pemex por los cárteles de El Golfo y Los Zetas.

Dicho líder de la banda de robo de combustibles fue capturado por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) a fines de noviembre de 2012, junto a varios cómplices. Les aseguraron 22 camiones, 15 tractocamiones, 44 semirremolques, cuatro vehículos, tres contenedores con capacidad para 32 mil litros de productos petrolíferos, los cuales contenían 16 mil litros de combustible, aproximadamente; 19 mil 773 litros de gasolina Magna, valuados en más de 210 mil pesos; 20 mil 976 litros de Pemex diésel, con un valor de 230 mil 526 pesos, entre otros.

El Cisen y la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de su órgano de Inteligencia Militar, indagan a empresarios, transportistas, funcionarios y exdirectivos petroleros, así como a trabajadores sindicalizados para determinar si participan o tienen algún vínculo con bandas del crimen organizado para facilitarles el robo de productos petrolíferos.

El director general de Grupo Transportes y empleado del Grupo Hank confirma conocer al jefe de la banda de robo de combustibles Fabián Rodríguez Moreno, con quien, dice, se reunió en varias ocasiones a petición del gerente de Transporte Terrestre de Pemex, Sergio Regino Bueno Salazar, y del líder de la Sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Héctor Sosa Rodríguez, para permitirle que cinco camiones de carga usados para el robo de petrolíferos fueran enlistados en el Grupo Transportes y, mediante el Convenio Marco que tiene la Canacar con la subsidiarias Pemex Refinación, obtener los permisos correspondientes.

Entrevistado en un hotel de la zona de Polanco, en el Distrito Federal, Sergio Padilla asegura que “desconocía que se tratara de camiones pertenecientes a una banda de robo de combustibles. El favor me lo pidió directamente el gerente de Transporte Terrestre de Pemex, por eso lo hice, y a él se lo pidió el líder petrolero Héctor Sosa Rodríguez, quien es primo de Fabián Rodríguez [jefe de la banda]”.

El directivo del Grupo Transportes explica que el consejo que preside el empresario Carlos Hank Rhon ya lo había reprendido por utilizar al Grupo en beneficio de otros intereses. “Ya me regañaron por lo que hice”, se lamenta.

El vocero de Carlos Hank Rhon, Fernando Solís Cámara, deslinda al presidente del Grupo Transportes y del Banco Interacciones de cualquier acción que haya desarrollado su director general Sergio Padilla Corona, de quien dice “actuó de manera autónoma, sin autorización del señor Hank Rhon”.

Explica que Grupo Transportes tiene seis porteadores (transportadores), uno por cada empresa transportista propiedad de Hank Rhon, y cuenta con 285 permisos para la transportación de productos petrolíferos en igual número de camiones, de los cuales 265 son de Pemex Refinación y 20 de Pemex Exploración y Producción. Dichos permisos tienen antigüedad de entre 10 y 20 años.

Solís Cámara asegura que el director general del Grupo Transportes cuenta también con permisos propios, porque él tiene una empresa transportista, “y si tuvo alguna relación con el líder de la banda Fabián Rodríguez es a título personal, nunca representando a las empresas de Carlos Hank Rhon”. Fuentes de inteligencia confirman también que fue el secretario general de la Sección 34 del Sindicato Petrolero quien habría solicitado al gerente de Transporte Terrestre de Pemex que los camiones, tractocamiones y semirremolques de la banda dedicada al robo de combustibles fueran autorizados por la paraestatal dentro de su red de servicio, mediante lo cual obtenían permisos oficiales y evitaban ser detenidos cuando trasladaban petrolíferos robados de la misma paraestatal.

Número dos en la estructura del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana –apenas abajo del máximo dirigente Carlos Romero Deschamps–, Héctor Sosa Rodríguez desmiente las afirmaciones de directivos del Grupo Hank y niega, en entrevista, conocer a quien dicen es su “primo”, Fabián Rodríguez, y mucho menos recomendarlo en Pemex y al Grupo Transportes para que dieran de alta sus camiones para el transporte de petrolíferos.

Entrevistado en sus oficinas de la Sección 34, ubicadas en el Distrito Federal por el rumbo de Azcapotzalco, el dirigente petrolero rechaza cualquier parentesco con el líder mafioso capturado; y aunque sí acepta conocer al gerente de Transporte Terrestre de Pemex y al director general del Grupo Transportes, dice: “Nunca he hecho negocios con ellos”.

En la investigación, el Cisen da cuenta de que “Pemex Refinación y empresas transportistas de productos petrolíferos agremiadas a la Canacar se encuentran en proceso de renovar un convenio marco, firmado el 28 de diciembre de 2008, para el transporte de petrolíferos.

“El ingeniero Carlos Murrieta Cummings, director corporativo de Operaciones, representa a Pemex en la negociación y su propuesta afecta intereses de un grupo de la Canacar, encabezado por Sergio Padilla Corona, director general de Transportes Unidos (TUSA).

“Sergio Padilla articula denuncias administrativas y penales por el supuesto incumplimiento del convenio y una demanda por actos de corrupción en contra de Carlos Murrieta, con el fin de presionar a éste para que modifiquen las condiciones del nuevo convenio. Incluso organiza artículos y notas en periódicos y revistas en contra del ingeniero Murrieta.”

El Cisen explica que Sergio Padilla se asesora con varios abogados, entre quienes menciona a José Néstor García Reza, quien fuera abogado general de Pemex de 2004 a 2010 y a quien ha consultado en varias ocasiones sobre sus problemas legales; a Roberto Jensen Valverde, quien auxilió a Padilla en la elaboración de un oficio dirigido al director general de la paraestatal, donde se asienta la denuncia en contra de Carlos Murrieta y el problema de la tarifa; y Gerardo Ramírez Ornelas, quien ganó un amparo para Padilla en 2003.

La información del Cisen precisa: “Sergio Padilla recurrió a Néstor García cuando se enteró que Fabián Rodríguez Moreno fue detenido por dirigir una organización de compra, almacenamiento, trasiego, distribución y comercialización de refinados robados de ductos de Pemex, en el Noreste del país, actualmente desactivada.

“Rodríguez Moreno fungía como porteador (transportista) de Transportes Unidos”, empresa propiedad de Carlos Hank Rhon.

En otra ocasión, Sergio Padilla obtuvo información del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), por conducto del abogado Néstor García Reza, sobre los contratos entre Pemex y la Canacar.

En la página de internet del Grupo Transportes, se afirma que ésta es propiedad de Carlos Hank Rhon, distinguido priísta del Grupo Atlacomulco. Este consorcio de transporte está integrado por seis empresas: TUSA, AFSA, TCSA, TOSA, TPSA y TSSA, cuyo objetivo principal es “el servicio de traslado de productos derivados del petróleo entre diversas zonas geográficas del país”.

También se afirma que Grupo Transportes cuenta con más de 45 años de experiencia en el manejo de productos derivados de petróleo. En 1952 realizó su primer viaje, de Salamanca, Guanajuato, a Toluca, Estado de México. Cuenta con unidades de marcas mundialmente reconocidas. Sus vehículos arrastran 610 tanques de acero inoxidable y acero al carbón, con una capacidad de arrastre total de 18.5 millones de litros. En esta flota de tractocamiones están incluidas unidades a presión de doble semirremolque para el transporte de gas isobutano.

Escribe Carlos Hank en su página: “Nos sentimos comprometidos en todo lo que realizamos para permanecer al frente innovando y mejorando prácticas internacionales como la gestión de cuidado ambiental que está teniendo cada vez mayor importancia. Estamos haciendo ahora un esfuerzo para construir y apoyar un proyecto ecológico, el cual generará un aire más limpio y una mejor eficiencia a largo plazo con efectividad de costos.”

La PGR y el Cisen investigan los vínculos de la principal banda de robo de combustibles en el Noreste del país que operaban bajo la protección de Los Zetas y del Cártel del Golfo, en Nuevo León y Tamaulipas, respectivamente, a la cual se le aseguró casi 1 millón de litros de combustible.

El líder de la banda capturado, Fabián Rodríguez Moreno, compraba el hidrocarburo a las células de las mencionadas organizaciones delictivas, según declaró a la prensa el encargado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Rodrigo Archundia Barrientos.

El combustible robado lo escondían en empresas de Nuevo León, en oficinas logísticas y administrativas, además de que contaban con gasolineras donde comercializaban el hidrocarburo y domicilios particulares.

Junto con el líder del grupo delincuencial, fueron capturados Irineo Pompa González, segundo al frente de la banda, así como Juan Francisco Sota Mendoza, Inocencio Santes Castillo, Claudia Juárez Ovalle y Dayaena Margarita Jaramillo Álvarez.

El director jurídico de Petróleos Mexicanos, Marco Antonio de la Peña, señaló que de 2006 a la fecha se han presentado 6 mil denuncias por el robo de hidrocarburos, que han derivado en 300 procesos penales contra 600 personas.

A propósito del aniversario petrolero del 18 de marzo, el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, tiene la misión y el encargo directo de la Presidencia de la República de hacer una limpia de actos de corrupción y malos manejos en la principal empresa del Estado.

Por instrucciones de Lozoya, los directivos petroleros revisan todas las áreas de la paraestatal a fin de eficientar su operación, ahorrar costos y disminuir la corrupción y prebendas que durante décadas ha marcado el trabajo de esa paraestatal petrolera. Para ello, revisan meticulosamente todos los contratos multimillonarios asignados en el último sexenio a empresas privadas nacionales y extranjeras, así como las nuevas contrataciones de bienes y servicios que realizan en este momento.

En esa exhaustiva revisión, aparece el Convenio Marco firmado en diciembre de 2008 entre Pemex Refinación y la Canacar para el transporte de productos refinados. Posterior a dicho acuerdo, Pemex ha firmado contratos individuales anuales con cada una de las empresas transportistas afiliadas a la Canacar.

El último contrato firmado tiene vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, y éste se amplió 2 años más para su conclusión el 31 de diciembre de 2013. Una de las características de estos contratos establece que el pago del servicio de transportación de refinados se actualizará cuatrimestralmente, de acuerdo con el Comité de Precios de Productos Petrolíferos, Gas Natural, Productos Petroquímicos e Interorganismos.

Este Convenio Marco se negocia actualmente entre funcionarios petroleros encabezados por el director corporativo de Operaciones, Carlos Murrieta Cummings, y los representantes de la Canacar, lo que ha desatado una batalla legal y mediática de los transportistas en contra de Pemex y su líder negociador, a quien han demandado penalmente ante la PGR (denuncia que ya fue rechazada y enviada al archivo) y presentado una acusación en la Secretaría de la Función Pública por incumplimiento del Convenio Marco, al negarse Pemex Refinación, según los inconformes, a actualizar las tarifas desde el 1 de octubre de 2009.

En la PGR el Ministerio Público desechó la acusación en contra de Murrieta Cummings por “improcedente”, y así puso a salvo momentáneamente al director corporativo de Operaciones, a quien Pemex se niega a remover de las negociaciones como lo ha solicitado la Canacar.

En respuesta a la agresiva campaña legal y mediática en contra de la paraestatal petrolera y sus directivos, el director Lozoya pidió el auxilio de todo el gobierno federal por considerar que los transportistas de productos refinados ponen en riesgo la seguridad de abasto en todo el país, al comportarse con actitudes gansteriles; sobre todo algunos que, se investiga, tendrían vínculos con el crimen organizado para el robo, almacenaje y transportación de petrolíferos.

Esta investigación de las áreas de inteligencia del gobierno apunta a encontrar más responsables por el robo de combustibles y esto ha puesto muy nerviosos a funcionarios de Pemex, transportistas privados y líderes sindicales que podrían tener algún vínculo con la delincuencia organizada.

 

Fuente: http://www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/05/12/crimen-organizado-utilizaba-empresa-de-grupo-hank/

 

En Estados Unidos crece la movilización de trabajadores de cadenas de restaurantes de comida rápida cansados de sus bajos salarios.

 

En la ciudad de Milwaukee, estado de Wisconsin, cientos de empleados de las corporaciones McDonald’s, Burger King, Taco Bell y Wendy’s  participaron el miércoles  en  una huelga simultánea para demandar un incremento de 15 dólares la hora y derecho a formar un sindicato.

 

A su acción se sumaron otros empleados de tiendas al menudeo.

La mayoría de los trabajadores de los restaurantes de comida rápida en Wisconsin gana el salario mínimo de 7 dólares con 25 centavos  la hora.

Aunque de acuerdo al Instituto Tecnológico de Massachusetts para que un trabajador con un hijo pueda mantener a su familia debe ganar al menos 21 dólares la hora.

 La huelga de un día  en Milwaukee es la quinta en  una serie de protestas que han realizado empleados en la industria de comida rápida en Estados Unidos.

 

Otras  huelgas se han producido en las ciudades de San Luis, Chicago, Detroit y Nueva York. 

 En los últimos años la brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos se agiganta.

Mientras el 1 por ciento de la población concentra la mitad de la riqueza las clase media y trabajadora ven sus ingresos reducirse dramáticamente.

Se estima mas de 45 millones de estadounidenses viven en la pobreza pese a que la gran mayoría de ellos tiene un trabajo.