Tres días antes de las elecciones federales, los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibieron, cada uno, un bono de casi 500 mil pesos. El titular del órgano judicial, Alejandro Luna Ramos, asegura que éste lo reciben cada año y que, además de ser legal, no tiene nada que ver con el periodo electoral. Los beneficios económicos para quienes en breve validarán las elecciones presidenciales no acaban ahí: sus sueldos alcanzan los 250 mil pesos mensuales, cuentan con seguros de vida y de gastos médicos mayores y bonos de productividad, entre otros. De enero a mayo, el Tribunal gastó más de 80 millones de pesos en el Programa Específico del Proceso Electoral Federal
José Alejandro Luna Ramos, María del Carmen Alanís Figueroa, Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo Nava Gomar, Flavio Galván Rivera y Pedro Esteban Penagos López obtuvieron un bono de 488 mil 799 pesos, cada uno. El dinero ingresó a las cuentas bancarias de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el pasado 28 de junio, apenas tres días antes de que se celebraran las elecciones presidenciales.
Fuentes allegadas a la institución aseguran que se trata del bono de riesgo; y que, en la semana del 18 al 24 de junio, los magistrados habrían votado en su sesión ordinaria para autoasignarse dicha prestación.
Creado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico, el bono de riesgo es independiente del sueldo y las prestaciones que reciben de por sí los funcionarios. Su objetivo es “bonificar económicamente” la inminente inseguridad que enfrentan algunos servidores públicos por sus labores.
Sin embargo, el TEPJF no combate al crimen organizado. Su mandato constitucional es “actuar como la máxima autoridad en materia de justicia electoral, que garantiza los principios de constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales”.
La justificación que esgrime el Poder Judicial para el “pago por riesgo” es que éste se otorga “dada la naturaleza, complejidad y responsabilidad de las funciones que tienen encomendadas”.
Cuestionado acerca del casi medio millón de pesos que recibieron tres días antes del proceso electoral, el magistrado presidente señala que “éste es un bono que se nos da cada año, normalmente, no [es] porque haya elecciones ni nada. Está en la ley y todo está en [la sección de] transparencia. Lo puede ver usted en el internet”.
Aunque Luna Ramos asegura que la información es pública, el portal del Tribunal Electoral no incluye el acta de la sesión en la cual los magistrados votaron para asignarse el bono. Tampoco hay referencia alguna en los boletines de prensa que emite la institución.
Lo que sí incluye es el “Presupuesto analítico de plazas del Poder Judicial de la federación”, en el cual consta que los magistrados reciben un pago por riesgo de 481 mil 799 pesos.
Cuatro días después de recibir el bono de riesgo, el 2 de julio, Alejandro Luna Ramos advirtió que “nadie ganará en la mesa lo que no pudo ganar en las urnas”. Con esta declaración, el presidente del TEPJF se adelantaba a la impugnación que finalmente hizo el candidato de las “izquierdas”, Andrés Manuel López Obrador, respecto de la elección presidencial. También, fijaba su posición respecto del conflicto postelectoral.
En una entrevista concedida al programa “Justicia electoral a la semana”, y cuando aún no concluía el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Federal Electoral, Luna Ramos dijo que “el Tribunal no puede cambiar la decisión manifestada por la ciudadanía en las urnas”.
Además del bono por riesgo, los magistrados ordenaron blindar sus instalaciones, en particular aquella en donde ellos sesionan: la Sala Superior, ubicada en la avenida Carlota Armero número 5000, colonia Culhuacán CTM, delegación Coyoacán.
El argumento para tal decisión fue la violencia que asola al país: con esta medida, queda garantizada la seguridad personal de los siete servidores públicos. Protección Institucional fue el área que se encargó de contratar los servicios del blindaje, con un costo por alrededor de 300 mil pesos. A este monto se le sumaron otros 38 mil pesos para “acorazar” la puerta, mecanismo que resiste desde disparos de bazucas y hasta bombazos, informa la columna
Oficio de Papel.
Previo a las elecciones, los magistrados también se autorizaron camionetas blindadas marca Gran Cherokee, con un valor aproximado de 1 millón 500 mil pesos; ello, a pesar de que cada uno tiene ya a su disposición dos automóviles que paga el erario del Tribunal Electoral, incluida la gasolina, la reparación y el mantenimiento.
El derroche
Anualmente, los magistrados del Tribunal Electoral cobran 3 millones 753 mil 761 pesos, cada uno. Y es que los encargados de avalar la legalidad de las elecciones y “cuidar” la voluntad ciudadana cuentan con un ingreso mensual neto de 240 mil 361 pesos: 175 mil 858 por el sueldo base y la compensación garantizada, más 64 mil 503 pesos por prestaciones nominales. Aunado a éste, cada año reciben 57 mil 732 pesos por prima vacacional; 329 mil 898 pesos por aguinaldo, y el casi medio millón del bono de riesgo.
La hacienda pública también paga a Luna Ramos, Alanís Figueroa, González Oropeza, Carrasco Daza, Nava Gomar, Galván Rivera y Penagos López un seguro de separación individualizado, uno de gastos médicos mayores y uno más de vida.
De acuerdo con el acta de la novena sesión ordinaria de la Comisión de Administración del TEPJF, el 27 de noviembre de 2011 se autorizó la contratación de las pólizas de seguros –con una vigencia de las 12 horas del 31 de diciembre de 2011 a las 12 horas del 31 de diciembre de 2014– por un monto de hasta 58 millones 301 mil 172 pesos.
El presupuesto 2012 de la Sala Superior del Tribunal Electoral asciende a 1 mil 610 millones 16 mil pesos, desglosados de la siguiente manera: capítulo 1000 “Servicios personales”, 1 mil 236 millones 251 mil 499 pesos, que equivalen al 76.7 por ciento; capítulo 2000 “Materiales y suministros”, 39 millones 697 mil 204, 2.4 por ciento; capítulo 3000 “Servicios generales”, 257 millones 875 mil 951 pesos, 16 por ciento; capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”, 28 millones 247 mil 240, 1.7 por ciento; capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, 38 millones 230 mil 268 pesos, 2.3 por ciento; y capítulo 6000 “Inversión pública”, 9 millones 714 mil, .6 por ciento.
En el periodo de enero a mayo, la Sala Superior ejerció el 49.3 por ciento del total, 795 millones 141 mil 22 pesos.
Dispendio por elecciones
A pesar de sus altos sueldos, los siete magistrados no gastan en el consumo de alimentos: el erario les otorga 15 mil pesos mensuales para cubrir este fin, ocho veces el salario mínimo mensual. Cuando los funcionarios se exceden de este monto, tienen derecho a presentar facturas que el Tribunal les retribuye como “atención a magistrados”.
De acuerdo con la columna
Oficio de Papel , existe además un presupuesto superior a los 100 mil pesos, del cual se pagan aparatos electrónicos, como iPod; electrodomésticos, como una cafetera de 20 mil pesos. El erario también paga la camioneta del presidente Luna Ramos: una Toyota Sequoia, que tiene un precio de alrededor de 800 mil pesos.
En el contexto de las elecciones federales, los funcionarios tienen más prerrogativas. A mediados de junio y los primeros días de julio, los trabajadores del órgano judicial electoral recibieron dos bonos “de apoyo al proceso electoral”. Estos gastos se cubren con el presupuesto del Programa Específico del Proceso Electoral Federal.
Tan sólo de enero a mayo, dicho Programa reportaba 81 millones 892 mil 395 pesos ejercidos; de este total, 56 millones 486 mil 818 pesos correspondieron al gasto del capítulo 1000 “Servicios personales”.
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